Controversia laboral de la Ley de Promoción Agraria N° 27360

A finales del año 2000, en Perú se aprueba la Ley de la Promoción del Sector Agrario 27360, cuando era Ministro de Agricultura José Chlimper Ackerman (dato curioso reconocido gran empresario industrial), con el objetivo de impulsar la agroexportación en Perú, mediante grandes beneficios tributarios para las grandes empresas que opten por dedicarse a la agroexportación en contraste con los beneficios laborales para sus trabajadores. En setiembre del 2019, bajo el liderazgo de la Ministra de Agricultura Fabiola Muñoz, el congreso peruano decidió extender por 10 años la vigencia de esta ley, bajo el sustento de que su vigencia había resultado positiva para el sector agroexportador.

Pero, realmente ¿esta Ley fue emitida en favor del sector agrario o de la pequeña agricultura o por el desarrollo económico de las zonas donde se ha venido aplicando por más de 20 años, en zonas agroexportadoras como: Ica, La Libertad, Piura y Lambayeque? .

Los beneficios tributarios para estas empresas agroexportadoras se sustentan en que el régimen de sus trabajadores agrarios (no son agricultores), fue considerado en su primera promulgación de que un jornal incluya la Compensación por Tiempos de Servicios, dos gratificaciones anuales, 15 días de vacaciones y el 4% de la remuneración mensual por aportes al seguro. Esta Ley va en contra de lo sustentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que refiere que las políticas públicas en pro de la generación del empleo, deben ser vigiladas o monitoreadas por el Estado asegurando que las personas tengan un empleo justo.  Sin embargo, esta Ley fue ampliada, mediante el Decreto de Urgencia 043-2019, hasta el 31 de diciembre del 2031, con unas pequeñas mejoras laborales, sueldo de S/. 39.10 (aproximadamente más de US$ 10) por 8 horas laborales y que el aporte a Essalud se elevará gradualmente desde el 2025 hasta alcanzar el 9% de la remuneración mensual.

Sin embargo, las personas en su necesidad por conseguir un empleo de mano de obra no calificada aceptan estos deficientes beneficios laborales, que consiste en la realización de labores culturales del manejo agronómico (abonamiento, riego, cosechas) o de labores postcosecha (selección, lavado de frutas o vegetales, envasado, congelado y otros) y otras actividades para asegurar las agroexportaciones de arándanos, espárragos, paprika, uva, palta, etc. Esta oferta laboral de las empresas agroexportadoras ha generado la migración principalmente de jóvenes rurales de los andes y de la amazonía, que vienen a la costa (ciudades mayores) en la búsqueda de un empleo rápido que no exija mano de obra calificada, generando la concentración de población en las zonas urbanas, en perjuicio de recibir deprimentes beneficios laborales. Según datos del Ministerio de Trabajo, el 65% de los trabajadores de las empresas agroexportadoras son mujeres, sobre todo en las épocas de cosecha.

Estas empresas agroexportadoras a diferencia de la pequeña agricultura, ha recibido varios beneficios como la puesta en marcha de tres proyectos de irrigación que permiten incorporar más de 150 mil hectáreas a la agroexportación (Proyecto Olmos, Majes Siguas y Chavimochic). Asimismo, según la Asociación de Exportadores (ADEX) 2020, las regiones: Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque y Arequipa concentran el 65% de las agroexportaciones.

Por lo tanto, existen tres escenarios económicos (variables económicas de análisis) que el Gobierno debe analizar: 1) al crecimiento agroexportador de Perú mediante la Ley 27360 que favorece a las empresas agroexportadoras. 2) el crecimiento económico de estas regiones: Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque y Arequipa que concentran el 65% de las agroexportaciones; 3) las mejoras salariales de los trabajadores agrarios, aplicando el principio de “gana gana”.

Según datos evolutivos de ADEX, el crecimiento evolutivo de las empresas agroexportadoras ha sido exponencial con un 25% aproximado anual desde los años 2000; por lo que, en el 2019, La Libertad alcanzó ventas al mundo de US$ 1,551 millones, Ica (US$ 1,204 millones), Piura (US$ 982 millones), Lambayeque (US$ 653 millones) y Áncash (US$ 161 millones). Y esto también mantiene relación con la generación de empleo, según la Encuesta Nacional de Hogares 2019, se estima que uno de los departamentos que concentró mayor población ocupada después de Lima, son La Libertad (1 018 938 personas) y Piura (990 368 personas); en relación al año 2010, el empleo formal se ha incrementado en promedio a nivel nacional en 4,7 pp; pero en los siguientes departamentos ha sido: Lambayeque (9,6 p.p.), Piura (7,6 p.p.), La Libertad (7,6 p.p.), provincia de Lima (7,0 p.p.) e Ica (5,8 p.p.), esto se atribuye a la agroexportación.

Estos datos, si se observan desde el punto de vista empresarial, evidencian que este negocio agrario si es rentable; es conocido que Perú se ha posicionado, como uno de los primeros exportadores de arándanos, espárragos, paltas, etc. Es decir, este negocio agroexportador si asegura rentabilidad, entonces si recurrimos a conceptos de funcionamiento de un negocio, se supone que la gerencia realiza una proyección de costos donde incluye sus costos de mano de obra y se supone que prevé que estas personas reciban un sueldo o salario justo con todos sus beneficios sociales de acuerdo a lo estipulado por la OIT, los derechos laborales, y las leyes laborales que rigen en un país. Entonces las empresas agroexportadoras por más de 20 años, han tenido muchas facilidades del gobierno mediante esta política pública, que en realidad no ha surgido del sentir de la población y tampoco durante sus ampliaciones; es decir, no ha cumplido con el requisito mínimo de la política pública que debe responder a un problema público (como el que ahora experimentan los trabajadores agrarios) y que debe ser formulado participativamente recogiendo la opinión de los principales involucrados (empresas agroexportadoras y trabajadores agrarios) y así evitar leyes, como la presente Ley 27360; que lejanamente contribuirán a la reducción de los indicadores de pobreza de la población excluida (jóvenes rurales y mujeres), que migra a la costa (ciudades mayores) en busca de oportunidades y lo único que encuentra que por la falta de su preparación técnica (por no tener mano de obra calificada) acepta estas deplorables condiciones laborales. Y además esta población desconoce los recursos y los procesos que necesitan para proponer una política pública. Por lo tanto, si desde el gobierno no se aplica la verdadera gobernabilidad, guiando a los trabajadores agrarios para que puedan proponer mejoras frente a esta situación, de tal manera que se sientan valorizados; es ahí el rol indispensable de los funciones y servidores públicos para que sean capaces de aperturar espacios de diálogo y concertación, y se obtenga una Ley que sea resultado de la participación ciudadana y que esté acorde con los actuales derechos laborales y humanos de un mundo digno, que permita que las leyes realmente contribuyan al desarrollo socio-económico de las personas.

En ese sentido, se propone, que tanto las empresas agroexportadoras, los trabajadores agrarios y el gobierno representado por gestores estrategas puedan aperturar un espacio de una nueva Ley de Promoción Agraria que sea producto del consenso inclusivo y legitimizado; mediante procesos transparentes demostrando una eficacia en la gestión pública. El Gobierno debe tener presente que es parte del compromiso de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  con el propósito principal de erradicar la pobreza, cuidar el planeta y mejorar la calidad de vida de las personas en concordancia con lo que se promueve desde FAO, y además, la Visión Perú 2050 establece la necesidad de continuar mejorando las políticas y planes que guían las acciones del Estado, sociedad civil, academia, empresas y organismos cooperantes a fin de lograr una vida digna para todas las personas, a través de un desarrollo incluso y sostenible a nivel nacional y por ende global.

Ing. Ana Luisa Mendoza Vela

Ingeniera Agrícola, Master en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios

de Eurotec Empresas de España y Maestría en Psicología Educativa.

Especialista en Diseño e Implementación de Estrategias

para la Generación de Cambios Sostenibles