La normalización de la violencia contra las mujeres en el Perú: una crisis silenciosa

En el Perú, la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes, pero lo más preocupante es su normalización en distintos ámbitos de la sociedad. Desde expresiones cotidianas hasta actos de agresión física y feminicidios, la violencia de género sigue siendo una realidad que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables: mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes y de escasos recursos. Las estadísticas son contundentes. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 se registraron 165 feminicidios y miles de casos de violencia física y psicológica. Sin embargo, estos números solo representan la punta del iceberg, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, falta de acceso a la justicia o dependencia económica. En otros casos, las mujeres retiran sus denuncias o abandonan el proceso debido a la revictimización que sufren en las instituciones encargadas de atender estos casos, así como por diversas trabas burocráticas. El machismo está profundamente arraigado en nuestro país y es uno de los principales factores que perpetúan la violencia. Desde temprana edad, muchas niñas crecen en entornos donde la sumisión es vista como una virtud y la violencia como un asunto normal y privado. Además, la desigualdad se manifiesta en distintos ámbitos, como la cultura escolar, la vida cotidiana, la distribución de tareas y responsabilidades, el uso del espacio y los materiales educativos.

En comunidades rurales y amazónicas, la situación es aún más grave debido a la escasez de servicios de protección, la ubicación geográfica, la barrera idiomática y la discriminación estructural. En el caso de las mujeres indígenas y afroperuanas, la violencia se entrelaza con el racismo y la exclusión social, lo que hace que sus denuncias sean minimizadas o ignoradas. A esto se suma la precariedad del sistema judicial, donde los procesos pueden tardar años y, en muchos casos, terminan en la impunidad. Es urgente que el Estado y la sociedad en su conjunto aborden esta crisis con acciones concretas. La implementación de políticas públicas con enfoque intercultural, el fortalecimiento de los Centros de Emergencia Mujer en zonas rurales y campañas educativas masivas son pasos fundamentales. Asimismo, la labor de las organizaciones de base es crucial para empoderar a las mujeres y brindarles herramientas para romper el ciclo de la violencia. Este 8 de marzo no es solo una fecha para conmemorar, sino un recordatorio de que la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres peruanas debe ser una prioridad constante. No podemos permitir que la violencia siga siendo parte de la cotidianidad. Es momento de transformar la indignación en acción.